PRISIONEROS DE UNA ALIANZA DE CORRUPTOS Y CRIMINALES
Por: Marcos Taire

ARGENPRESS.info

Los tucumanos son prisioneros de una alianza de políticos corruptos y elementos criminales de la dictadura militar. El voto a Bussi no es un castigo a Miranda ni la reivindicación del genocida, sino la expresión de la minoritaria derecha local. La corporación política es una amalgama de personajes ilegales, irrepresentativos e ilegítimos. El flamante gobierno provincial es una acabada muestra de esa connivencia, nacida al amparo de la represión y consolidada por la actual democracia.
El 50% de los tucumanos habilitados para votar no concurrió a las urnas el domingo pasado. El 'ganador' de ese comicio obtuvo menos del 16% del padrón electoral. El ex gobernador Miranda consiguió la senaduría por la minoría con el 9% y el peronismo en sus tres variantes no sumó el 15% de ese padrón. Un ex fiscal anticorrupción, con apenas tres meses de vida política, fue la tercera minoría.
Según cifras del INDEC, en 2001 la provincia tenía 1.338.523 habitantes. De ese total casi 320.000 tenían necesidades básicas insatisfechas y casi 85.000 recibían planes de jefas y jefes de hogar. Todas esas cifras se han incrementado.
El sistema de reclamos y denuncias implementado a raíz de los escándalos derivados del reparto de la ayuda social, dice que no hay contraprestaciones por parte de los beneficiarios, no se paga a todos los que tienen derecho a cobrar, hay beneficiarios con elevado poder adquisitivo y se adjudican planes como forma de pago a los que asisten a convocatorias políticas partidarias.
Tucumán es una de las provincias con más alto índice de desocupación del país y está entre las primeras con mayores porcentajes de hambre, desnutrición y mortalidad infantil.
El peronismo en sus tres variantes (Miranda, Rivas y Cirnigliaro) obtuvo menos sufragios que la cantidad de afiliados al PJ.
Al no funcionar la ley de lemas, el aparato justicialista no pudo garantizar la concurrencia al acto electoral. Es que los sublemas y el consiguiente accionar de los punteros es lo único que logra movilizar a la gente. La explicación es sencilla: la mayoría de los tucumanos son prisioneros de la miseria y por ende del clientelismo político. Además, por los escándalos producidos en la entrega de bolsones de comida, el voto 'cadena' perfeccionado como en ninguna otra parte y las denuncias de fraude, la elección fue fiscalizada por la justicia federal. Esto impidió la generalizada compra de voluntades con la entrega de bolsones, lo que se hizo en las elecciones anteriores a metros de las escuelas donde se vota. Esta vez no se vio a los punteros en remises cargados de votantes y en pocos lugares hubo entrega de bolsones.
En una provincia de casi un millón y medio de habitantes, es incorrecto pensar que el 9% es de derecha? Y de ese porcentaje, cuantos son los que solo vieron en Fuerza Republicana la única oposición posible al peor gobernador que tuvo la provincia en mucho tiempo?.
El comparreligionario
El flamante gobernador provincial, José Alperovich, llegó al cargo fruto de una alianza social formalizada con el gobernador saliente, Julio Miranda. Su gabinete es un espejo de su pensamiento. Allí conviven un hombre estrechamente vinculado a la embajada de los Estados Unidos, un ex busista, una ex tenista heredera de la más poderosa familia de la industria azucarera y un par de peronistas.
Alperovich es judío -el primero de esa religión que llega a gobernador de Tucumán- y fue radical hasta su designación como ministro de Economía de Miranda. En su nombramiento jugó un papel decisivo el delarruismo en el poder. Al mejor estilo Menem, antes de asumir Alperovich hizo aprobar un paquete de leyes que le garantiza un poder casi absoluto, ninguna traba para aplicar sus planes y la ausencia total de control democrático de su gestión.
La supuesta apatía de la población, esgrimida para explicar el ausentismo electoral, es la más cabal demostración del asco que siente el grueso de la población por una corporación política corrupta. Se puede contar con los dedos de una mano a los políticos tucumanos que resistirían una investigación sobre su patrimonio. Esto lo ve a diario el pueblo tucumano en una provincia pequeña, donde es muy difícil mimetizarse como en las grandes metrópolis. Y es muy difícil, casi imposible, explicar y justificar el rápido enriquecimiento de políticos, funcionarios judiciales, empresarios ligados al poder, testaferros reconocidos y aceptados, etc. El grado de corrupción es tan grande y generalizado, que bien podría decirse es la versión tucumana de la 'transversalidad' de la que habla el gobierno nacional.
Los ejemplos son muchos: el gobernador saliente, un humilde dirigente del gremio petrolero -hasta hoy nunca hubo petróleo en Tucumán- es considerado uno de los hombres más ricos de la provincia. Del seno de la propia legislatura revelaron los pagos extras que por cifras elevadísimas cobran sus miembros. Casi todos los funcionarios y legisladores tienen colocados a un montón de familiares en cargos que paga el estado. En plena crisis, cuando Tucumán fue noticia por la muerte de niños por hambre y desnutrición, las camionetas 4x4 desbordaban la explanada de la Casa de Gobierno y las playas de estacionamiento de jueces y legisladores. Después se descubrió que esos vehículos (y muchos más que pueblan las calles de la ciudad) circulaban con autorizaciones apócrifas, suministradas por fiscales de la justicia ahora investigados. Ya no llama la atención que los médicos tucumanos cobren una coima (llamada plus) a todos sus pacientes.
La corporación
Cuando Antonio Bussi ganó la elección para intendente por apenas 17 votos, el gobernador Miranda se apresuró a reconocer el triunfo del genocida a pesar de las mesas impugnadas que podrían haber hecho variar el resultado. El perdedor, Jerónimo Vargas Aignasse -hijo de un desaparecido- en lugar de pelear esa posibilidad, aceptó la orden de Miranda. A cambio de su silencio, encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales. Al mismo tiempo, el periodismo local informó, con pruebas, de una alianza estratégica de Miranda y Bussi para cerrar todos los caminos al radical Rebén Chebaia. Los punteros mirandistas impulsaron el corte de boleta a favor del genocida Bussi.
Salvo voces aisladas, Bussi es considerado uno más de la corporación política tucumana. Todo tiene su origen en las relaciones anudadas cuando era dueño y señor de la provincia y -además de matar a lo mejor del campo popular- mantenía estrechas relaciones con la dirigencia social de la provincia. Compartía con ellos el odio a los 'negros' de la FOTIA y a los 'zurdos' de la universidad. Después, las leyes de impunidad de Alfonsín lo pusieron en igualdad de condiciones con el resto de la dirigencia política tucumana. El pueblo asistió impávido a esa legalización del criminal desde lo más alto del poder.
Cuando Bussi era gobernador y jefe del Operativo Independencia, tenía en la familia Paz -dueños del ingenio Concepción, el más grande de la provincia- uno de sus mayores aliados. Hoy, Mercedes Paz-integrante del grupo heredero de ese clan donde Bussi tenía mesa servida las 24 horas y un helipuerto al regreso de sus visitas a los campos de concentración- es la titular de Turismo del gobierno de Alperovich. Cuando Bussi fue 'democratizado' por el Punto Final, apareció a su lado un montón de fósiles de la derecha local, cómplices de delaciones, detenciones y secuestros de lo mejor de la sociedad tucumana de los años 70. Junto a ellos, emergió un grupo de 'jóvenes delfines'. El más destacado, Pablo Walter, actual senador, aliado del 'independiente' ex fiscal Jerez, es la máxima autoridad de Recrear, el mamotreto de López Murphy. Otro de esos 'delfines', Raúl Topa, tras ser intendente de San Miguel de Tucumán por Fuerza Republicana, se integró al Partido Justicialista. Finalmente, el tercero y más importante de esos 'herederos del general', Pablo Bahilo, es hoy el ministro de Seguridad del flamante gobierno de José Alperovich.