Argentina: La lucha continúa

El espía que quedó al descubierto
Daniel Enz / ANALISIS

Por primera vez en los últimos años, un agente de la SIDE de Paraná se reconoció como tal en un juicio oral y público y quedó al descubierto. El espía en cuestión es el abogado Juan Carlos Legascue, ex juez federal en Misiones y ex miembro de la Justicia Federal de Paraná, quien presta funciones en el organismo de inteligencia del Estado desde principios de la última dictadura. Legascue declaró recientemente en la causa por el atentado a la AMIA, porque fue acusado de participar en un complot, por el cual se le pagó 400.000 dólares al acusado y actualmente detenido por el hecho, Carlos Telleldín, para que involucrara a la Policía Bonaerense. ANALISIS accedió a la declaración de Legascue, quien dijo ser un "inorgánico" de la SIDE, que hace sólo "trabajos especiales" y que estuvo en el organismo entre 1993 y 1999. No obstante, este semanario pudo determinar que participa activamente de los planes y seguimientos de la delegación Paraná. Sorprendió al revelar que hizo de intermediario entre iraníes y empresarios arroceros entrerrianos, para un importante negocio. Tiene un "grupo operativo" integrado por ex policías, servicios y ex carapintadas y hace "tareas especiales" en Centroamérica. "Me hicieron 9 pasaportes", declaró.
En los últimos tiempos siempre se lo vio en los bares céntricos de la capital entrerriana, tratando de pasar inadvertido. Sin embargo, su aspecto de hombre de los servicios tiempo completo nunca le permitió tal objetivo. Juan Carlos Legascue, agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), delegación Paraná, cumple tal rol desde hace más de 25 años, aunque nunca lo reconoce. Apenas recibido como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe, en pleno inicio de la década del ’70, Legascue se incorporó al Juzgado de Instrucción a cargo de Silvano Santander (h) en la justicia provincial. Santander siempre fue un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos, al punto tal que, a pooc de producirse el golpe de Estado en la Argentina, fue cesanteado por el gobierno militar en Entre Ríos. Lo echaron el 20 de mayo de 1976, por tratar de defender a un reconocido médico psiquiatra de Paraná, Eduardo Barbagelata, a quien habían cesanteado.
Legascue -el mayor de tres hermanos, hijos de un suboficial de Ejército y luego visitador médico- no comulgaba demasiado con las ideas de Santander, ya que siempre apareció vinculado a la derecha peronista que, en Paraná, lideraba el fallecido Alberto Ottalagano. De hecho, su hermano, Jorge Legascue, también abogado, fue colaborador del fiscal de Estado, De Felipe, en el gobierno de Enrique Tomás Cresto (PJ).
Por gestiones del entonces vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, doctor Alberto Acebal (los otros dos miembros eran Raúl Dupleich y José Francisco Llorens), quién al parecer fue colocado allí para bloquear el ascenso como camarista del juez Federal doctor Ernesto Pintos, se le ofreció el cargo de secretario a Juan Carlos Legascue. El abogado aceptó de inmediato, pero al poco tiempo renunció, luego de diversas situaciones tensas que aún hoy se recuerdan en la Justicia Federal.
No obstante, y por gestiones de un familiar que tenía en la Presidencia del Banco de Entre Ríos -nombrado por Cresto-, retornó al fuero federal, esta vez como defensor de Cámara. No le fue muy bien. Hay quienes sostienen que quedó involucrado en algunos hechos turbios que se investigaban -como un operativo realizado en Santa Fe- y cuando llegó el coronel Juan Carlos Trimarco al poder pasó a ser el primer cesanteado en la Justicia Federal de Paraná.
"En principio quedó como una víctima, porque lo sacaron dos días después del golpe de Estado", se indicó a ANALISIS. "Pero al poco tiempo nos dimos cuenta que todo había sido una maniobra para sacarlo de escena y llevarlo a otro lugar. Allí nos dimos cuenta que el hombre tenía un doble rol", se acotó. Sucede que Legascue se fue de Paraná y recaló en Posadas, donde fue designado juez Federal de dicha capital, en plena dictadura. El abogado no estuvo demasiados días. A los pocos meses le iniciaron un Jury de Enjuiciamiento por la supuesta "apropiación de dinero depositado en custodia por distintas causas y hasta de un barco que habría sido secuestrado a raíz de un juicio", recordó un experimentado periodista misionero consultado por este semanario. Legascue puso como abogado defensor al profesor de Derecho Penal de la UNL, Jaime Prats Cardona, pero el Jury no llegó a reunirse porque presentó su renuncia, para zafar de la complicada situación. Sus buenas relaciones con el poder militar no sólo se vieron en lo sucedido en Misiones, sino también en otro hecho: al poco tiempo logró el beneficio de la jubilación como ex magistrado.
El servicio paranaense
Legascue regresó a Paraná, pero desde esos tiempos de la dictadura no se le conocía ninguna actividad. "En pleno gobierno de Trimarco comenzó a trabajar en la SIDE", confesó una persona consultada. El organismo de Inteligencia dependía de la cúpula del Comando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada del Ejército Argentino, con sede en avenida 25 de Mayo, donde actualmente sigue aún. Los espías de esa época fueron clave para detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas, tal como ocurrió en Paraná, Concepción del Uruguay o Gualeguaychú.
El nombre de Legascue nunca había aparecido públicamente. Este semanario lo halló en los medios nacionales el 23 de agosto, cuando se informó que un agente de la SIDE lo involucró al declarar en el juicio oral y público en la causa por al criminal atentado contra la sede de la AMIA, en julio de 1996. En poco más de cuatro horas netas de declaración, que se extendieron hasta poco más de las dos de la mañana, el agente de la SIDE Isaac Eduardo García dijo más que los más de mil testigos que pasaron por el juicio oral. Por primera vez desde que se inició la investigación por el atentado, un agente de la SIDE confirmó que esa Secretaría realizó "un operativo" para entregar "un maletín" con una "importante suma de dinero" a la esposa del detenido Carlos Telleldín. García es el Agente de Inteligencia C2-In.8, destinado en Contrainteligencia, Legajo SIDE 54.589/53 y con el nombre de encubrimiento Ismael Garabar. Isaac Eduardo García junto a el mayor (RE) Alejandro Brousson -hombre de confianza del ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy- están sospechados de haber llevado a cabo la operación Soborno en el Senado, al inicio del gobierno de Fernando De la Rúa, en la cual se vio seriamente implicado un legislador entrerriano, como el ex senador nacional Augusto José María Alasino, junto a otros legisladores que votaron las reformas a la Ley Laboral.
García nombró a cada uno de los integrantes de la SIDE que participaron del operativo seducción a Telleldín. Allí mencionó a "un inorgánico" -según dijo, es decir, alguien que hace trabajos especiales-, de quien dio nombre y apellido: Juan Carlos Legascue. Pese a la difusión que viene teniendo el caso, ningún medio paranaense reflejó la grave denuncia del agente García; algunos quizás porque jamás se nombró la procedencia de Legascue y, en otros casos, se escribió de otra manera su apellido. El espía entrerriano es un habitué de los bares de la peatonal San Martín, siempre acompañado por un oficial de Inteligencia de la Policía de Entre Ríos. Reside en el cuarto piso de Mitre 599 -a escasos metros del edificio donde vive actualmente el ex gobernador Jorge Busti, ubicado en Mitre 611- y se mueve en su Peugeot 505 modelo 1996 o en su Ford Escort 2002. Es una especie de líder de un grupo de tareas especiales integrado por policías retirados, servicios y ex carapintadas y su mano derecha es un ex combatiente que habría participado en operaciones en Centroamérica y el Líbano. Quienes lo conocen señalan que "se la pasa viajando" por países centroamericanos, por ser un colaborador de tareas de grupos de espías del exterior. De hecho, cada vez que desaparecía de los bares por algún tiempo, su respuesta era siempre la misma: "estuve haciendo algunos negocios por el exterior". Aunque algunos lo presentan como "inorgánico" y él señala públicamente que no tiene "nada más que ver con la SIDE", otros indican que sigue participando del grupo de "Operaciones especiales e internacionales" del organismo que ahora conduce el kirchnerista Sergio Acevedo, nuevo gobernador electo de Santa Cruz. Desde su lugar de espía fue un activo colaborador de Jorge Caniza, ex delegado regional de la SIDE en Paraná, durante el último gobierno menemista, cuando la sede estaba en calle San Juan. Caniza respondía a Anzorreguy, pero sobre él también tenía particular incidencia Augusto Alasino, quien incluso llegó a nombrar a numerosas personas en tal dependencia. Pero, además, Caniza contaba con un amigo del entorno bustista: el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Horacio Mori, a quien alguna vez se sindicó como el difusor de escuchas telefónicas en 1999, que, al parecer, provenían de la SIDE.
La llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación y la embestida contra las políticas de la SIDE no le cambió demasiado la vida al espía paranaense. Hoy se sostiene que Legascue tiene estrechas relaciones con el nuevo delegado del organismo, el licenciado Daniel Alberto Ratti. El funcionario nacional y sus agentes -ahora con nueva residencia, en Vélez Sárfield 725, en pleno Parque Urquiza y a escasos metros del edificio donde reside el gobernador Sergio Montiel- se mueven en una camioneta 4 x 4 color negra, que tiene incorporado un sistema de filmadoras e interceptor de teléfonos móviles. También transitan en un Ford Tempra, perteneciente a un fotógrafo, que es integrante de los Servicios de la Fuerza Aérea Argentina.
El hombre de traje gris
Por los dichos del agente Eduardo Isaac García, el espía Legascue fue citado a declarar el martes a la mañana. De riguroso traje gris oscuro y a la hora señalada, Legascue fue el primero que se presentó a testimoniar ante el tribunal del caso AMIA. Apenas ingresó a la sala fue derecho hasta el escritorio de los abogados querellantes de la mutual judía y le extendió la mano a Julio Federik, el penalista de Paraná contratado por la entidad capitalina. "Cómo le va, doctor", le dijo. "Fue la primera vez que crucé un saludo con este hombre; nunca en mi vida había hablado con él", le dijo a ANALISIS el letrado.
Legascue, de 60 años, manifestó que no trabajaba de abogado y que tampoco tenía estudio jurídico en funcionamiento. Se reconoció "un inorgánico" de la SIDE -por lo que cobraba un sueldo de 2.500 pesos (aunque en La Nación de ayer, erróneamente, salió publicado 21.500)- y que había desempeñado funciones en el organismo entre 1993 y 1999, es decir, pleno apogeo menemista. Manifestó que actualmente hace "negocios afuera" y que viaja al exterior "permanentemente". Incluso causó gracia al estrado cuando señaló que la Policía Federal ya le hizo "nueve pasaportes", por la cantidad de viajes que lleva realizado. Cuando otro servicio de la SIDE declaró, dijo que Legascue "fue muy importante por su rol en Centroamérica". Si bien se entendió que quería resaltar las tareas de contrainteligencia de su compañero, nunca especificó al respecto. Por eso fue quizás que el tribunal le hizo una pregunta que sorprendió al espía paranaense, después de contar sus periplos turísticos:
-¿Estuvo en Colombia? -se le preguntó, para ver si podían relacionarlo con una pista que tenían.
-No, ese país no lo conozco.
Legascue sorprendió también cuando dijo dónde vivía en Paraná. "Es mío enterito el cuarto piso", señaló, en referencia al departamento que tiene en el edificio de Mitre 599, con vista al río Paraná.
En su testimonial confirmó que participó de una "operación encubierta" por la que se pagaron 200 mil dólares a la esposa de Telleldín. Dijo que el dinero fue llevado dentro de un estuche de videofilmadora hasta la sede de un banco en Ramos Mejía donde estaba Ana Boragni, mujer del acusado Carlos Telleldín. Según Legascue, él estuvo presente cuando la mujer recibió el dinero y, de inmediato, hizo un llamado por su teléfono celular para informar a alguien que el pago se había concretado. "Me imagino que habló con Telleldín; yo marqué el número de un celular que me había dado mi jefe Brousson y se lo pasé", recordó. Según las sospechas, el preso estaba en ese momento en el juzgado de Juan José Galeano y firmó su declaración tras escuchar la confirmación del cobro. Este supuesto libro jamás se editó y lo único que ocurrió tras el pago fue el cambio de declaración judicial de Telleldín, hasta ese momento único detenido en la causa. Sus dichos abrieron la puerta al arresto de los policías ahora juzgados junto con él.
Tal situación se produjo en julio de 1996, cuando el reducidor de autos que proveyó la Trafic usada como cochebomba cambió su declaración y habló por primera vez de policías bonaerenses que se habrían llevado ese vehículo de su casa, diez días antes de la voladura. Al declarar en el juicio en su contra, Telleldín había confirmado el pago -de 400 mil dólares- pero aseguró que él dijo la verdad, algo que deberán dilucidar en su veredicto los jueces del Tribunal Oral Federal 3, Guillermo Gordo, Gerardo Larrambebere y Miguel Pons. Legascue explicó que él participó de las negociaciones con Boragni y su abogado Victor Stinfale: según el ex espía, se pactó un primer pago a la firma de un contrato para un supuesto libro donde el detenido contaría su versión y otro a la entrega "del material". Afirmó que las órdenes se las daba su jefe en la SIDE, Alejandro Broussón, y que "suponía" que el juzgado de Galeano estaba al tanto, aunque no lo determinó con precisión. "Me enviaban los requerimientos por fax y yo los cumplía. Yo nunca estuve más de dos veces en la SIDE en Capital Federal", acotó.
Fuera de la causa AMIA, Legascue sorprendió también cuando relató sus supuestas operaciones comerciales. Por un lado, reveló que entre 1996 y 1997 -gobiernos de Carlos Menem y Jorge Busti en la provincia- hizo contacto con iraníes, interesados en la compra de arroz en esta provincia, por lo cual acordó operaciones con empresarios entrerrianos, aunque nunca mencionó de qué lugares eran. Incluso, resaltó sus estrechos vínculos con la Embajada de Irán en la Argentina. Después del crimen de la AMIA, por ejemplo, organizó una supuesta reunión comercial con quien ahora tiene pedido de captura por el atentado, el ex agregado cultural iraní Moshen Rabbani, con el objetivo de hacer ingresar agentes de inteligencia a su círculo, recordó Legascue. El espía -que arrancó nervioso su declaración, pero con el correr de las horas se fue tranquilizando- se retiró a las 15.30 de la sala de audiencias. Fueron seis horas de testimonial. Cuando terminó de hablar se quiso volver a Paraná, pero no lo dejaron. Recién quedó en libertad de acción a las 11 de la noche. Fue hasta la Terminal de Retiro, se tomó el ómnibus y regresó tranquilo, como si nada. Al fin de cuentas, había cumplido con otra orden y no era necesario arrepentirse de nada.