Correpi

Cada vez que un tema judicial grave salta a la tapa de los diarios es casi unánime desde todos los sectores del discurso oficial el reclamo de mano dura o tolerancia cero para los autores reales o presuntos..
Los comunicadores y formadores de opinión publica(da) no retacean adjetivos -con más o menos ropaje "democrático", según el perfil editorial- para exigir que jueces y fiscales sean inflexibles en el castigo a los delincuentes, al tiempo que se aprovechan hasta el infinito las posibilidades de colar en el reclamo de "esclarecimiento" nuevos y más profundos recortes de las libertades y garantías individuales..
No ocurre lo mismo cuando los investigados son selectos miembros del club de los poderosos. A esta verdad de perogrullo han aportado en los últimos tiempos las causas Grassi, García Belsunce y Herrera de Noble, que han desatado una epidemia de garantismo, defensa del debido proceso y del principio de inocencia como pocas veces se ha visto..
La detención de la señora Ernestina Herrera de Noble, en una causa que investiga si sus hijos adoptivos son niños arrebatados a sus padres detenidos desaparecidos durante la dictadura, "ha abierto un importante debate acerca de los derechos y garantías del debido proceso de las personas acusadas de cometer delitos", según publicara el Diario Clarín el 21 de diciembre, citando un comunicado del CELS, suscripto por su presidente periodista..
La defensa de los "derechos procesales" del cura Grassi -imputado de un delito sexual aberrante en cualquier caso, pero que horroriza aún más por tratarse de un religioso famoso por su supuesta dedicación a amparar menores sin familia- o de la mediática y probable apropiadora Ernestina pone a los cultores del manodurismo en el difícil trance de recular en sus eternas posiciones, obligándolos a asumir un discurso respetuoso de las garantías constitucionales del que denostan como vehículo para "proteger delincuentes" cuando el imputado no es amigo o partícipe directo del poder político y económico..
No sucede otra cosa con el homicidio de María Marta García Belsunce, enterrada con un certificado falso de muerte natural cuando la pobre recibió cinco tiros en la cabeza, sin autopsia ni intervención judicial. Si el escenario del crimen hubiese sido cualquier barrio alejado de los lujos del Country Carmel, si la familia en cuestión fuese de carne y hueso, amigos del verdulero de la esquina y no del Fiscal de Casación Romero Victorica -¡nada menos!-, ningún juez sería indulgente con la "confusión" de un proyectil con un "pituto" para sotener estantes, ni con la manía de limpieza que eliminó los rastros de la lucha por su vida de la infortunada víctima..
¿Dónde están los clamores por la castración -química o quirúrgica- para los violadores? ¿Dónde quedó el alegato a favor de la pena de muerte para los homicidas? ¿Dónde fueron a parar la invocación a la "seguridad ciudadana", la denostación del beneficio excarcelatorio, el horror ante el "delincuente que entra por una puerta y sale por otra? ¿Es que se han vuelto todos garantistas, democráticos y defensores del debido proceso y la presunción de inocencia? No, simplemente defienden su clase demostrando la instrumentalidad de su cotidiano discurso represor..
Grassi, Herrera de Noble y García Belsunce son casos útiles para poner en evidencia ante ingenuos y desprevenidos el carácter de clase del aparato judicial-policial y la manipulación informativa que desvía del tema de fondo -el abuso sexual de menores, el secuestro y sustitución de identidad de hijos de desaparecidos, el homicidio intrafamiliar-, para instalar un debate que los mismos personajes silencian o directamente combaten cuando no son sus pares los sospechados.